Ayer los jueces Susana Najurieta y Francisco de las Carreras de la Cámara Civil y Comercial dictaminaron ampliar la medida cautelar que obligaba al Grupo Clarín a desinvertir "hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa".
El Gobierno actuó mal. Construyó un relato mágico acerca del 7D, inundando de propaganda política para atacar al multimedio, y presionando a la Justicia, que siempre debe ser independiente del Poder Ejecutivo. Transformó una ley que, de punta a punta, es democrática, que tiene como fin una mayor proliferación de voces, en una guerra contra el Grupo Clarín.
Sin embargo, cuando muchos creen que lo de ayer fue un "hecho histórico", que los jueces Najurieta y Carreras son "valientes" y que "por fin se hizo justicia", están tan equivocados como el propio Gobierno. El fallo de ayer es una clara demostración de que los poderes económicos están por encima de todo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por amplias mayorías en las dos Cámaras en 2009. Y no hay que olvidar que esta ley surgió para modificar a la que se impantó en 1980 bajo la firma de Jorge Rafael Videla, y que se mantuvo intacta por 29 años debido, justamente, a la presión de estos grupos económicos. Clarín, junto con el periódico La Nación, se quedaron ilegalmente con las acciones de Papel Prensa, pertenecientes a David Graiver, accionista del ex diario La Opinión. Cuando Graiver falleció a causa de un accidente aéreo, las Fuerzas Armadas armaron un plan estratégico para quedarse con todas las acciones de éste -incluyendo al periódico. Clarín y La Nación fueron cómplices y obtuvieron un importante porcentaje de las acciones de Papel Prensa, perjudicando al resto de los medios impresos.
El diario Clarín es una empresa y, como tal, su fin es obtener ganancias -lo que no está mal, por supuesto. No obstante, no es saludable para la República Argentina que un mismo medio tenga 300 licencias de cable. Su objetivo no es luchar por la democracia, como nos quiere hacer creer con su discurso. Lejos de mantener una misma línea ideológica en su bajada de línea, el medio apoya o se opone a un gobierno según su propia conveniencia. ¿O acaso durante la primera presidencia de Néstor Kirchner y en el primer año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner el diario no era casi oficialista?
De vez en cuando, es necesario recurrir a la memoria. Gracias al poder de ella, es posible entender que la decisión de la Cámara Civil y Comercial de ayer está lejos de ser democrática.
