Caso Marita Verón: los jueces decidieron absolver a los 13 acusados

María de los Ángeles Verón tenía 23 años cuando fue secuestrada el 3 de abril de 2002 camino a una consulta ginecológica cerca de su casa, en la provincia de Tucumán. Hasta el día de hoy, la joven permanece desaparecida. Según algunos testigos, fue obligada a ejercer la prostitución. Su madre Susana Trimarco, desesperada por encontrarla, comenzó a recorrer varios prostíbulos, haciéndose pasar por prostituta.

La mujer debió soportar amenazas y que le dieran pistas falsas para desorientar su búsqueda. Sin embargo, continúo su lucha y en 2007 creó la Fundación María de los Ángeles con el fin de rescatar a chicas secuestradas, logrando liberar a más de 600 mujeres.

El juicio por el caso, en el que participaron más de 150 testigos, comenzó el pasado 8 de febrero de 2012, y tiene como acusados a trece personas, siete hombres y seis mujeres, vinculados al secuestro y la promoción de la prostitución.

Luego de casi un año, y tras una gran expectativa que se había generado entre los ciudadanos por conocer el resultado, ayer los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano decidieron absolver a los 13 acusados ya que consideraron "insuficientes" las pruebas.

Tras la decisión de la Cámara Penal de Tucumán, todo el arco político se expresó en contra de las absoluciones, afirmando, en líneas generales, que los jueces son "cómplices de una red mafiosa en Tucumán". Por su parte, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien el domingo le había entregado a Trimarco el premio por los Derechos Humanos Azucena Villaflor, se comunicó con ella para brindarle un mensaje de apoyo.

Hoy en varios puntos del país se realizarán manifestaciones en rechazo a la decisión de los jueces. Cuando suceden este tipo de situaciones, es impotante que cada uno desde su lugar deje su mensaje para que, de una vez por todas, la Justicia sea justa e incorruptible.



"Los corruptos pecan más grave e insolentemente que los ladrones, porque éstos hurtan con miedo, y estos otros delinquen confiada y seguramente. El ladrón teme el látigo con que la ley lo amenaza; éstos, por malo que sea lo que hacen, quieren que se tenga y guarde por ley. La Ley en fin, suele acobardar al ladrón para que no se atreva a lo prohibido, pero los malos gobernantes atraen las propias leyes al ilícito aprovechamiento a que los lleva su mailicia y codicia", Juan de Solórzano Pereyra, Política indiana, 1647.

Imposible de olvidar

Ayer los jueces Susana Najurieta y Francisco de las Carreras de la Cámara Civil y Comercial dictaminaron ampliar la medida cautelar que obligaba al Grupo Clarín a desinvertir "hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa".

El Gobierno actuó mal. Construyó un relato mágico acerca del 7D, inundando de propaganda política para atacar al multimedio, y presionando a la Justicia, que siempre debe ser independiente del Poder Ejecutivo. Transformó una ley que, de punta a punta, es democrática, que tiene como fin una mayor proliferación de voces, en una guerra contra el Grupo Clarín.

Sin embargo, cuando muchos creen que lo de ayer fue un "hecho histórico", que los jueces Najurieta y Carreras son "valientes" y que "por fin se hizo justicia", están tan equivocados como el propio Gobierno. El fallo de ayer es una clara demostración de que los poderes económicos están por encima de todo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por amplias mayorías en las dos Cámaras en 2009. Y no hay que olvidar que esta ley surgió para modificar a la que se impantó en 1980 bajo la firma de Jorge Rafael Videla, y que se mantuvo intacta por 29 años debido, justamente, a la presión de estos grupos económicos. Clarín, junto con el periódico La Nación, se quedaron ilegalmente con las acciones de Papel Prensa, pertenecientes a David Graiver, accionista del ex diario La Opinión. Cuando Graiver falleció a causa de un accidente aéreo, las Fuerzas Armadas armaron un plan estratégico para quedarse con todas las acciones de éste -incluyendo al periódico. Clarín y La Nación fueron cómplices y obtuvieron un importante porcentaje de las acciones de Papel Prensa, perjudicando al resto de los medios impresos.

El diario Clarín es una empresa y, como tal, su fin es obtener ganancias -lo que no está mal, por supuesto. No obstante, no es saludable para la República Argentina que un mismo medio tenga 300 licencias de cable. Su objetivo no es luchar por la democracia, como nos quiere hacer creer con su discurso. Lejos de mantener una misma línea ideológica en su bajada de línea, el medio apoya o se opone a un gobierno según su propia conveniencia. ¿O acaso durante la primera presidencia de Néstor Kirchner y en el primer año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner el diario no era casi oficialista?

De vez en cuando, es necesario recurrir a la memoria. Gracias al poder de ella, es posible entender que la decisión de la Cámara Civil y Comercial de ayer está lejos de ser democrática.