“Hay decisión política para ir a fondo con la investigación y terminar con los abusos de los hombres de negocio del fútbol que administran a los jugadores y evaden impuestos”, declaró el titular de la Asociación Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, en una conferencia de prensa que brindó el último viernes. Lo hizo luego de anunciar el bloqueo de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de 146 agentes económicos denunciados por evasión, fuga de capitales y lavado de dinero.
Según la página online de la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA), en la Argentina hay 217 representantes, de los cuales solamente el 71 por ciento se encuentra inscripto con CUIT en las bases de la AFIP. Entre los 146 intermediarios que el organismo estatal inhabilitó, figuran Juan Marcos Franchi (ex manager de Diego Armando Maradona y de Juan Román Riquelme), Gustavo Mascardi (ex gerenciador de Ferro) Diego Caniggia (hermano del pájaro), Fernando Hidalgo, Nazareno Marcollese, Carlos Aloisio, Marcelo Open (abogado del presidente de River, Daniel Alberto Passarella), Miguel Pires y Pablo Sabbag. Además, entre los bloqueados se hallan ex jugadores devenidos en empresarios, como Cristian Traverso, Carlos Mac Allister, Oscar Passet y Leonardo Rodríguez.
La AFIP detectó distintos mecanismos abusivos, siendo el más conocido la triangulación con clubes extranjeros con el fin de que ni el jugador, ni el representante ni el dueño de los derechos económicos paguen impuestos. Aunque el organismo tributario tomó la iniciativa de investigar ahora, esta manera de eludir impuestos no es ninguna novedad en el fútbol argentino. La gota que rebalsó el vaso fue la operación que tuvo como protagonista a Jonathan Bottinelli. A fines de junio terminó su vínculo con San Lorenzo, quedándose con el pase en su poder. River lo contrató pero no como jugador libre, ya que el transfer provino del club chileno Unión San Felipe. La institución que preside Passarella quedó en abonar 1.750.000 dólares por el 60% del pase, y se comprometió a embolsar otros 550.000 dólares por si el jugador llegase a disputar más de cinco partidos. Por esa razón, el organismo estatal bloqueó el envío del dinero, que estaba previsto a ser transferido a un banco de Miami.
A través de una resolución publicada el último viernes en el Boletín Oficial, la AFIP creó la Declaración Jurada Anticipada del Fútbol, con el objetivo de supervisar la compraventa de jugadores cuando intervenga una transferencia de divisas al exterior. Además, será el organismo responsable de autorizar el giro del dinero.
La triangulación es clave para el negocio de los representantes, ya que la ley prohíbe a las personas físicas ser dueñas de los derechos federativos. Es por eso que los empresarios buscan un club menor o fantasma para registrar a los futbolistas, contando con el necesario aval de estos últimos y de los dirigentes para que el negocio se concrete. Con este mecanismo también se puede ocultar el verdadero valor de la operación. Debido a la menor carga impositiva existente en Uruguay y Chile, la Argentina percibe menos ingresos por impuestos relacionados con las transferencias e impuesto a las ganancias. Por este motivo, Echegaray en la citada conferencia remarcó que “los jugadores y los clubes tienen la posibilidad de tomar la decisión correcta y mostrar la realidad económica de las operaciones”, advirtiéndoles a que se colocaran del lado de la ley, dejando de convalidar “operaciones tan grotescas de evasión fiscal”.
Algunas de las transacciones de jugadores que ya están bajo la lupa de la Justicia son las de Pablo Ledesma (Boca), Jonathan Botinelli (River), e Ignacio Piatti (San Lorenzo), quienes pasaron por Unión San Felipe de Chile; Santiago Vergini (Newell’s Old Boys), Daniel Stracqualursi (San Lorenzo), Oscar Ustari (Boca) y Emanuel Gigliotti (Colón), todos provenientes del Fénix de Uruguay; Román Martínez (Estudiantes), que llegó del Progreso uruguayo, y Víctor Zapata (Independiente), Jonathan Santana (Independiente) y Fernando Ortíz (Racing), quienes arribaron del equipo charrúa Institución Atlética Sud América. Los clubes se pusieron de acuerdo entre sí en no utilizar en la cuarta fecha del Torneo Apertura a ninguno de estos futbolistas.
Los equipos Unión San Felipe, Fénix, Progreso y Sud America, además de los uruguayos Bella Vista, Cerro, Rampla Juniors, Boston River; el chileno Deportivo Rangers, y el suizo Locorno, figuran bajo el rótulo de “paraísos fiscales deportivos”. Las transferencias que se realicen a través de alguno de estos clubes sufrirán una retención equivalente al pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente.
Por su parte, Unión San Felipe, en un comunicado publicado en su sitio web, afirma que la institución “actúa con estricto apego al derecho común y deportivo, nacional e internacional y que no es un club fantasma que existe para justificar triangulaciones como parece querer presentársenos”. En relación a la inscripción de jugadores que ni siquiera actuaron allí, se aclaró que “es una práctica absolutamente lícita, ajustada a la legislación deportiva nacional y a las normas FIFA y es efectuada con estricto respeto por la legislación comercial y tributaria chilena”.
A todo esto, Julio Humberto Grondona declaró: "Siempre quisimos que haya claridad. La AFA está feliz de que esto suceda y que se revise todo. Yo hablé con el titular de la AFIP y le brindé los nombres de las personas que se dedican a la compra y venta de jugadores". Resulta extraño que el titular del ente que regula el fútbol argentino no estuviera al tanto de estas operaciones.
El deporte más popular del país, no conforme con sus múltiples casos de violencia, sumó un nuevo episodio escandaloso en su historia. No obstante, promete que haya más capítulos en los próximos días. Es sólo cuestión de esperar.
